Conscientes de los derechos de la ciudadanía y de las obligaciones de los poderes públicos, desde el grupo de Salud Mental adscrito a Podemos consideramos que ha llegado el momento de que las personas con trastornos mentales demos un paso al frente y rompamos la burbuja del silencio, para acabar con la estigmatización y la marginación a las que nos vemos sometidas y reclamar niveles de respeto a la altura de la dignidad del ser humano, de cualquier ser humano.
Quizá nunca nadie te haya contado que le han diagnosticado una esquizofrenia, fobias, un trastorno bipolar o un trastorno obsesivo-compulsivo (por citar sólo algunos) y, sin embargo, los trastornos crónicos afectan al 9% de la población. Más que los casos de cáncer. Y si tenemos en cuenta los trastornos no crónicos, como los ataques de pánico o las depresiones reactivas, llegamos hasta un 19.5% del total. Una persona de cada cinco. Y vamos camino de ser cada vez más.
Las enfermedades mentales se disparan en épocas de crisis, porque hay una relación clara entre precariedad, estrés y salud mental, y se hacen además más frecuentes las patologías duales. Hay también una relación clara con la condición de género, porque la sobrecarga de tareas relacionadas con los cuidados o la diferencia de recursos económicos hace que el porcentaje de pacientes con rostro de mujer sea más elevado. No es casualidad que desde el comienzo de la crisis los suicidios se hayan disparado un 20%, llegando a ser a día de hoy la mayor causa de muerte externa, por encima de los accidentes de tráfico.
Pese a lo abrumador de los datos, las personas que experimentamos algún tipo de sufrimiento psíquico somos invisibles. Vivimos escondidas y marginadas porque la enfermedad es un estigma. Los trastornos mentales se vinculan con el riesgo público y, pese a que los datos de la OMS hayan esta desmentido esta relación hasta la saciedad, se nos ve como personas peligrosas o, en el mejor de los casos, como diferentes, distintas, y provocamos como mínimo prevención. Esta actitud prejuiciosa resulta enormemente dañina, porque somos personas más frágiles, más necesitadas; nos encontramos en peor situación para relacionarnos y tenemos peores condiciones psíquicas. Pero el prejuicio de la peligrosidad social no sólo provoca desprotección y sufrimiento, sino que conduce también muchas veces a una vulneración intolerable de nuestros derechos, que se ven cuestionados, cuando no suprimidos, sólo por causa de nuestro diagnóstico.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) establece en su punto 9.1 que "todo paciente tiene derecho a ser tratado lo menos restrictivamente posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador que le corresponde a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros". Y sin embargo, los ingresos involuntarios y forzosos, tan frecuentes, suponen la privación de libertad impuesta, total y absoluta. Y en muchas ocasiones se llevan a cabo de forma aleatoria y funcionando más bien como una herramienta de orden público que como una medida de carácter terapéutico.
Lo mismo ocurre con la praxis de la contención mecánica (eufemismo de “atarnos a una cama con correas”), de cuyo uso se abusa de una manera alarmante, muchas veces como castigo cuando nos “portamos mal” o como forma de inmovilizarnos cuando no hay suficiente personal para atender a todas las personas ingresadas. En estos casos cada centro puede obrar según su libre albedrío, por lo que es frecuente que las decisiones se tomen al margen de cualquier tipo de protocolo, corriendo el riesgo de que la medida no se ajuste a los criterios médicos ni éticos que han de ser particularmente exigentes en estas situaciones de especial vulnerabilidad.
Dado lo anteriormente expuesto, queremos hacer saber:
- La gestión de nuestra salud no puede quedar en manos de empresas privadas ni de órdenes religiosas, porque la salud es un derecho y no puede convertirse en un negocio. Defendemos la sanidad pública, y su gratuidad y universalidad en el acceso a todas las prestaciones, al tiempo que solicitamos que el número de profesionales aumente al mismo ritmo que aumenta la enfermedad, para que las prescripciones farmacéuticas no se conviertan en el único tratamiento.
- Tanto los ingresos forzosos como las sujeciones mecánicas deben llevarse a cabo sólo cuando se hayan agotado todas las demás alternativas (incluida la sujeción verbal) y siempre prestándonos un continuo apoyo emocional para ayudarnos a sobrellevar este tipo de intervenciones, tan traumáticas y dolorosas. Deben además tender a desaparecer, como ha ocurrido ya en otros países. Ese es el objetivo. Por eso, los ingresos involuntarios deben revisarse desde el punto de vista legal (Código Penal, Código Civil y Ley General de Sanidad) y, en el peor de los escenarios, deben ajustarse rigurosamente a lo que exige la legislación actual, algo que no siempre sucede. Asimismo, el personal sanitario ha de tener también formación en bioética y en los derechos de las personas para ser capaz de valorar en cada caso la constitucionalidad de esta medida que limita la libertad personal que consagra el artículo 17 de la Constitución Española.
- Reivindicamos nuestro derecho a la información y a la participación en la toma de las decisiones. Según la Ley Básica de Autonomía 41/2002, Art 8, "toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita un consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el Art. 4, haya valorado las opciones propias del caso". Por tanto, el personal sanitario deberá respetar nuestras decisiones respecto a nuestro propio cuerpo y nuestra salud, lo cual exige obtener un consentimiento informado. No se puede intentar hacer bien a una persona en contra de su voluntad apelando a la incapacidad (casi siempre transitoria), salvo en situaciones muy excepcionales y en continua reevaluación de las medidas adoptadas.
- Declaramos que siguen existiendo hospitales psiquiátricos de régimen manicomial, que en ocasiones no reúnen las condiciones habitacionales más elementales, así como el hecho de que tanto en ellos como en las plantas psiquiátricas de los hospitales generalistas coincidimos personas con diagnósticos muy diferentes, lo cual dificulta enormemente que se realicen tratamientos específicos adecuados a cada una y que el ambiente general no sea el idóneo desde el punto de vista terapéutico. La enfermedad mental esconde muchas realidades distintas que, para ser tratadas con éxito, necesitan un enfoque diferenciado. Las pequeñas unidades asistenciales, en pisos, resultan una alternativa positiva para hacer las estancias menos traumáticas y poder recibir un mejor seguimiento de las necesidades individuales.
- Reclamamos una asistencia psicológica con la frecuencia necesaria, puesto que el tratamiento no puede basarse sólo en la farmacoterapia. La psicoterapia continuada es una vía fundamental para mejorar nuestras condiciones de vida o simplemente no empeorarlas. Y en algunos trastornos (ansiedad, depresión) la terapia es tan eficaz como los fármacos. Y pese a que está claramente demostrado el ahorro que ocasionaría ofrecer un servicio de psicoterapia de calidad, la psicología clínica está en España muy por debajo de la media europea (4,5 por 100.000 habitantes frente a 18).
- Asimismo, dado el gran impacto que provoca el trastorno en nuestro entorno cercano, señalamos la necesidad de establecer unidades de formación y apoyo psicológico para quienes nos cuidan, que normalmente no saben cómo afrontar la situación ni cómo ayudarnos, padeciendo unas cotas de incertidumbre, temor y dolor elevadísimas. Hay que sacar a las familias y al entorno más próximo de la orfandad y la falta de conocimiento para dotarlos de los medios necesarios para poder transformar su papel doliente en un factor positivo en la recuperación de la salud.
- Denunciamos que la sobremedicación a la que se nos somete con una frecuencia alarmante para tratar de suplir otras carencias en muchas ocasiones nos impide llevar una vida normal. Es necesario formar a quienes la prescriben para que puedan poner freno a las presiones que ejercen las farmacéuticas mediante cursos y congresos, convirtiendo en un negocio privado lo que debería estar orientado al bien común, y también para que puedan proporcionar alternativas más acordes a nuestro ser social, como las psicológicas que, que ayudadas por la asistencia comunitaria, la continuidad de los cuidados y la atención en el domicilio, harían innecesario el abuso de la respuesta farmacológica como principal instrumento de atención. Porque, además, la esperanza de vida de las personas con determinados trastornos mentales es sensiblemente inferior a la del resto de la población, y los efectos adversos de los medicamentos no parecen ajenos a este hecho.
- Consideramos que la salud mental ha de regirse por los principios de universalidad y solidaridad, por lo que entendemos que nadie ha de dejar de recibir los cuidados que necesite, aunque para ello haya que implantar la atención a pie de calle para las personas sin techo.
- Denunciamos que la falta de orientación en salud mental durante la educación es absoluta. No sólo deben potenciarse hábitos saludables como el deporte, sino que también resulta imprescindible trabajar en dos direcciones. Por un lado, es necesario garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, especialmente ente entre las clases sociales más desfavorecidas, y por otro, es necesario trabajar la autoestima de cada estudiante mediante estrategias para desarrollar el equilibrio personal, la inteligencia emocional y el establecimiento de relaciones sociales sanas, así como la atención al bullying. En cualquier caso es imprescindible identificar las situaciones de riesgo cuanto antes, habilitando incluso procedimientos de atención domiciliaria.
También llamamos de forma muy especial a todo el colectivo de personas que forman parte de Podemos a tomar conciencia de nuestra problemática e instamos a nuestros representantes en las instituciones a trabajar por la mejora de la forma en que se aborda el tratamiento de la salud mental.
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