Una teoría social de la discapacidad

En 1990, cuando se publicó la primera edición de The Politics of Disablement: A Sociological Approach (La política de la discapacidad: un enfoque sociológico), de Michael Oliver, el movimiento por los derechos de los discapacitados estaba extendiéndose en EE UU y en el Reino Unido. En EE UU, en la década de 1980 diversas organizaciones de base empezaron a movilizarse en demanda de accesibilidad en el transporte, apoyo a una vida independiente e igualdad de derechos. Por ejemplo, ADAPT (Americans Disabled for Accessible Public Transit) empleó tácticas de desobediencia civil para detener el transporte público en señal de protesta por la falta de accesibilidad en el transporte. In 1988, estudiantes de la Universidad de Gallaudet, una institución dedicada a las personas con dificultad auditiva, se manifestaron en el campus y lo bloquearon y ocuparon, consiguiendo que fuera nombrado el primer presidente sordo en sus 124 años de historia. En 1990 se promulgó la Ley de ciudadanos con discapacidad. En el Reino Unido aparecieron movimientos de base similares y se promulgaron leyes encaminadas a proteger a las personas con discapacidad.

A la vista de estos avances, en la primera edición Oliver abogó por elaborar una “teoría social de la discapacidad”, con el fin de cuestionar el predominio de los enfoques médico y psicológico de las teorías de la discapacidad. “Esta teoría no podrá elaborarse hasta que las diversas disciplinas académicas se tomen en serio tanto la cuestión de la discapacidad como las experiencias de las personas discapacitadas.” Oliver alegó que la discapacidad no es un problema localizado en el individuo, sino un problema institucional, conformado por fuerzas económicas, políticas e ideológicas. En 1990, Oliver se mostraba optimista y pensaba que el movimiento seguiría mejorando las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Desde entonces, más de 30 facultades y universidades de EE UU ofrecen diplomaturas o licenciaturas en estudios sobre la discapacidad. Estados de todo el mundo han promulgado leyes y creado organismos o ministerios para personas con discapacidad. Han surgido innumerables organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios y defienden a estas personas. Estos avances han mejorado sin duda la vida de algunas de ellas. Sin embargo, más de 20 años después, la mayoría de las personas con discapacidad no han experimentado un cambio significativo de sus condiciones de vida. Muchas de ellas siguen estando segregadas en la escuela, la vivienda y el empleo. La crisis económica actual ha dado pie a drásticos recortes de los servicios sociales, y la privatización de estos está deteriorando o amenaza con deteriorar las condiciones de vida de la mayoría de ellas, incluidas aquellas que dependen de los servicios que presta el Estado.
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