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jueves, 1 de marzo de 2018

#AsambleaMadridInclusiva

Llega a la Asamblea de Madrid la ILA de Educación Inclusiva apoyada por más de 5 millones de personas, 42 Ayuntamientos y 221 AMPAs y colectivos. Desde Podemos Comunidad de Madrid defendemos la propuesta y para ello lanzamos esta campaña.

 



¿Sabes que la Comunidad de Madrid es la región de Europa con mayor segregación socioeconómica en la encuesta según el informe PISA?
#AsambleaMadridInclusiva









 


 
Por una escuela donde todos y todas tengan lugar, una escuela que no deje a nadie atrás 
#AsambleaMadridInclusiva







 



¿Sabes que la Comunidad de Madrid duplica el porcentaje de alumnos escolarizados en centros de Educación Especial respecto a otras comunidades?
#AsambleaMadridInclusiva






 


 


221 AMPAs y colectivos
43 ayuntamientos
5 millones de personas apostando por una educación inclusiva #AsambleaMadridInclusiva





domingo, 28 de enero de 2018

El Supremo obliga a las administraciones a que no segreguen a los estudiantes con discapacidad (eldiariodelaeducacion.com)

Las familias con hijos e hijas con discapacidades han recibido una buena noticia y dado un paso adelante en la defensa de sus derechos. El Tribunal Supremo acaba de notificar una sentencia por la que, además de dar la razón a una familia en su lucha por la escolarización de su hijo en un centro educativo ordinario en La Rioja, entra de lleno por primera vez en la cuestión del derecho a la educación inclusiva en todo su espectro, desde el acceso a la permanencia.

El Supremo establece en su sentencia que las administraciones educativas están obligadas a lograr la plena inclusión de los alumnos con discapacidad, que la escolarización ha de hacerse sí o sí en un centro ordinario excepto en casos realmente excepcionales y que debe mantenerse así, realizando las “modificaciones y adaptaciones (…) necesarias y adecuadas”, excepto si resultan una “carga desproporcionada o indebida”, que en ningún caso significa agotar las medidas disponibles sino las posibles.

Nada nuevo bajo el sol, puede pensar alguien que conozca la normativa vigente española, que ya contempla esta manera de proceder. El problema es que en estos casos en España muchas veces la ley va por un lado y la realidad por otro completamente diferente, y ahora las familias tendrán una sentencia del Supremo que puede sentar jurisprudencia y a la que apelar en caso de conflicto. En España había en el curso 2014-15 un total de 173.797 alumnos con algún tipo de discapacidad, de los que 34.349 están escolarizados en centros de educación especial (un 19,7%), según datos del Cermi. Uno de cada cinco no parece que sea algo excepcional.

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Más:
http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2018/01/el-supremo-obliga-las-administraciones.html