Más de 400.000 dependientes sin prestación

Una década después de la aprobación de la Ley 39/2006 para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, Carlos Bravo, secretario confederal de Protección social y políticas públicas de CCOO, ha valorado el nivel de implantación actual del Sistema de Dependencia en nuestro país, lastrado por los recortes impuestos en 2012. Para el sindicato es necesario impulsar en 2017 un amplio proceso de evaluación de la implantación del sistema que, con el mismo grado de acuerdo político y social que dio origen a la Ley, permita alcanzar un Pacto de Estado desde el que se revisen aquellas cuestiones que se considere necesario reforzar para garantizar la total implantación de este nuevo derecho social.

Este nuevo derecho social nació del Acuerdo de Diálogo Social suscrito en diciembre de 2005 por las organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno, y constituyó el primer derecho subjetivo reconocido con carácter estatal en el marco de los servicios sociales, posteriormente tramitado como proyecto de ley hasta aprobarse en la Ley 39/2006.

En su día, la previsión de personas a atender mediante este nuevo sistema de protección social se cifraba en alrededor de 1,3 millones de personas, una cifra similar al número de personas que actualmente se encuentran reconocidos con un grado de dependencia que les da derecho a recibir una prestación pública. Sin embargo, de todos ellos cuentan con una prestación efectiva algo más de 856.000 personas y se encuentran en lista de espera unos 350.000 personas (el 29% del total de personas reconocidas con derecho a prestación). Junto a ellos, además, hemos de señalar que cerca de 100.000 personas se encuentran también a la espera de valoración de la situación de dependencia, por lo que la cifra total de dependientes que aún no reciben una prestación efectiva supera las 400.000 personas.

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